Pero, ¿quiénes son las organizaciones que el Gobierno, y la subcomisión parlamentaria deberían escuchar para poder realizar un diagnóstico completo sobre un problema que tiene la cara y los ojos de 101.592 criaturas abortadas en 2007?

En las clínicas de aborto desembocan mujeres que reúnen problemas afectivo-sexuales, de violencia de género, con escasos recursos económicos y que sufren la ausencia de políticas de protección de la maternidad. Fuera de las clínicas, el problema continúa con el síndrome postaborto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el pasado viernes que “todo el mundo tendrá la oportunidad de expresar sus opiniones”, garantizándose la “pluralidad” mediante la subcomisión parlamentaria y que el Gobierno buscará el “diálogo” con los agentes implicados y el “máximo consenso” parlamentario para aprobar la norma.

En torno a esas diferentes posiciones, y metidos hasta la cintura en las problemáticas de las mujeres que se enfrentan a embarazos inesperados, se encuentran organizaciones como Provida, la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), la Fundación Línea de Atención a la Mujer, la plataforma Hay Alternativas, la Fundación Vida o la Red Madre. Todos ellos reclaman ser oídos:

PROVIDA. La presidenta de Federación Española de asociaciones Provida, Alicia Latorre, afirma que “puede ser una oportunidad y un reto para que, por primera vez, se hable sobre el aborto de una forma seria”. “Pedimos que se haga efectiva la libertad de expresión y se puedan eliminar todos los tópicos creados en torno a este asunto”, añadió. Las asociaciones de la Federación, nacida en 1981, y que desde 1999 es ONG Consultiva Especial del Consejo Económico y Social de la ONU, están en 24 ciudades de España, con 22 centros de apoyo a la mujer embarazada en dificultades. “Hemos ayudado a más de 50.000 mujeres, y a nacer a unos 30.000 niños”.

LA FUNDACIÓN LÍNEA DE ATENCIÓN A LA MUJER ha recordado al Gobierno que los últimos estudios internacionales de prestigio relacionan la situación de embarazo y la solicitud de aborto provocado con violencia machista y coacciones. Su presidenta, Marta Pérez Arteaga, resalta que frente a estos estudios, “nuestra experiencia es que una embarazada con ayudas no aborta, y no hay ningún apoyo institucional a las embarazadas con problemas”.

HAY ALTERNATIVAS. Su portavoz, Gádor Joya, ha alertado de que “la sociedad no está demandando una nueva ley del aborto, sino una política de ayuda a la maternidad y a las familias con hijos. La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen por motivos sociales”, añade. La plataforma Hay Alternativas nació el 30 de mayo de 2002 de la mano de un grupo de científicos y ciudadanos y tienen ya 315.000 asociados.