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El Gobierno vasco ampliará las ayudas por hijo hasta los 10 años

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Fuente: elcorreodigital

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se propone ampliar las ayudas económicas por hijo «hasta los 10 años» para que los hogares vascos puedan hacer frente a la crisis económica. De momento, la Ley de Apoyo a las Familias aprobada por el Parlamento de Vitoria sólo establece que, en 2020, los subsidios deberán haberse extendido paulatinamente desde el límite actual de 7 años -sólo cuando se trata del tercer hijo-, hasta los 18. Sin embargo, como la normativa no concreta a qué ritmo debe producirse tal ampliación, el propósito de Zabaleta es acelerar el proceso, empezando por los tramos de edad más bajos.
«Mi voluntad es intentar adelantar el calendario. Que los hogares no tengan que esperar hasta 2020», declaró la consejera. Aunque no se marcó fechas, «puesto que acabo de tomar posesión del cargo», recordó que las prestaciones económicas que reconoce el Gobierno vasco para el fomento de la natalidad constituyen, a fin de cuentas, una «inyección de renta» para las familias vascas, igual que el cheque de 2.500 euros que la Seguridad Social entrega por cada recién nacido.

Los socialistas han concentrado en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales todos los subsidios que la Administración autónoma destina a los hogares y a las personas en situación de exclusión, capítulos que suman casi 380 millones de euros sólo este año. Sin contar las desgravaciones fiscales que las diputaciones aplican en la declaración de la renta, el Gobierno vasco distribuirá 73,5 millones entre las familias durante el presente ejercicio, la mayoría de los cuales se dividen en dos grandes partidas: 33,4 millones destinados a los subsidios por hijo; y otros 38 millones para los padres que dejan de trabajar temporalmente o que se acogen a reducciones de jornada con el fin de cuidar a los niños.

Compromisos

En la actualidad, cada hogar recibe hasta 900 euros por el primer hijo durante el primer año; y hasta 1.100 por el segundo durante dos ejercicios. Sólo cuando se trata del tercer vástago se mantienen los 1.100 euros anuales hasta que el niño cumpla siete años. Para cubrir esos compromisos, el Plan de Apoyo a las Familias 2006-2010 prevé incrementar el presupuesto hasta 47 millones de euros. Lógicamente, esa suma tendrá que corregirse sensiblemente al alza, a medida que las ayudas dejen de concederse esencialmente por bebé y se mantengan también cuando los hijos crezcan, ya sean el primero, el segundo o el tercero de la familia.

El anterior Gobierno de Ibarretxe y el PSE-EE ya hicieron algunos cálculos durante la pasada legislatura, cuando discutieron el borrador de la Ley de Apoyo a las Familias, un texto que estaba incluido en el 'pacto social' firmado por el tripartito y los socialistas en marzo de 2007. Aquel documento, que fue dado a conocer unos meses antes de que estallara la crisis financiera en Estados Unidos, incluía un ambicioso calendario para ampliar la cobertura por hijo, aprovechando los planes de apoyo a los hogares que el Ejecutivo autónomo aprueba cada cinco años: a partir de 2011, los subsidios por vástago se aplicarían a todos los niños hasta los 5 años; en 2016, hasta los 11 años; y de 2021 en adelante, hasta la mayoría de edad.

Sin embargo, ese plan escalonado desapareció cuando el Gobierno vasco envió el proyecto de ley al Parlamento de Vitoria, en marzo de 2008. El texto que finalmente aprobó la Cámara -en diciembre pasado, cuando la crisis económica ya se manifestaba en toda su crudeza-, dice que las ayudas por hijo son un derecho que los ciudadanos pueden reclamar en los tribunales, pero no aclara con que ritmo irán extendiéndose. Sólo señala, genéricamente, que Euskadi alcanzará la convergencia con Europa en 2020. Es decir, que en esa fecha las familias vascas tendrían que disfrutar de unas prestaciones similares a las que entonces se reconozcan en la Unión Europea.

Mientras llega ese momento, la evolución de los subsidios por hijo tendrá que ir concretándose a partir de ahora, precisamente cuando la recesión repercute con más fuerza en la sociedad y la recaudación fiscal de las diputaciones. De momento, la consejera Gemma Zabaleta insiste en mantener el compromiso de extender las prestaciones para capear la crisis, «tanto cuando estábamos en la oposición y ahora, en el Gobierno».
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