«La sucesión en el Trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos». Así reza el único punto desfasado de la Constitución, que choca, además, con el principio de igualdad y no discriminación por motivos de sexo que establece la propia ley.

En 1978, el artículo se inspiró en el texto de la Restauración canovista, a su vez reflejo de la tradición de la Corona española. Nadie puso pegas entonces. Don Juan Carlos tenía 40 años y Don Felipe acababa de recibir el título de Príncipe de Asturias.

Casi tres décadas después y con el heredero de la Corona casado y con hijas, el panorama ha cambiado, según admiten en las direcciones del PSOE y del PP. Se da la extraña circunstancia en la política española de que ninguna fuerza política se opondría, aunque no falten grupos dispuestos a intentar el desgaste de la Monarquía en cuanto se abra el debate.

El cambio se debe hacer por el procedimiento agravado. Requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso, disolución de las Cortes y referéndum. Es imprescindible pues un pacto PP-PSOE -suman el 90 por ciento de los diputados- y resulta lógico que se pactara también proceder al cambio al final de la legislatura.

«En principio, estamos de acuerdo y es evidente que habrá que hacerlo», dicen desde la actual oposición. «Es en lo único en que nos han dado la razón», recuerdan en el partido en el poder. Pero mientras en el PP evitan dar un paso más para comentar la conveniencia de que el referéndum sobre la sucesión lleve agregada alguna otra reforma constitucional, en el PSOE aprovechan para apoyar su idea original de incluir otros cambios, como el del Senado, en la consulta.

Es evidente que la izquierda antimonárquica y los nacionalistas podrían utilizar el referéndum para pedir votos contra la institución. Tanto como que una labor conjunta entre los dos grandes partidos nacionales, a los que votan ocho de cada diez españoles, frenaría cualquier intento de erosión de la Monarquía. El problema es que, después de esta legislatura de ruptura de consensos, entre el PP y el PSOE no queda un hilo de comunicación ni la mínima confianza mutua para abordar un asunto de la envergadura de reformar el mecanismo de la sucesión. Además, en las filas socialistas han resurgido unas nostalgias republicanas plasmadas en la llamada «ley de memoria histórica» -de ruptura también con la etapa de Felipe González- que añaden temores sobre su comportamiento después de Don Juan Carlos. Afortunadamente, la reforma puede esperar a mejores tiempos y sólo correrá prisa cuando Don Felipe sea Rey.